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El Gobierno Vasco pide que se prolongue el alquiler protegido de las 40 viviendas en Errenteria

Fecha de publicación: 

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha ofrecido a la empresa Jaureguizar Promoción y Gestión Inmobiliaria la posibilidad de que se acoja a las ayudas existentes en el Gobierno Vasco para mantener el alquiler protegido de las 40 viviendas de protección oficial de su propiedad en el municipio de Errenteria, y garantizar de esta manera la continuidad de las personas inquilinas actuales.

La empresa es conocedora de esta posibilidad, que el Departamento le ha hecho llegar en reuniones mantenidas en los últimos meses, en las que también ha participado el Ayuntamiento de Errenteria. En ellas, el Departamento de Vivienda ha intentado mediar para encontrar una solución satisfactoria para las partes, principalmente para las personas que residen en dichas viviendas.

Las ayudas se enmarcan la Orden aprobada en diciembre pasado relativa al desarrollo de medidas de fomento para el impulso del parque de viviendas en alquiler protegido que, entre otras cuestiones, prevé la dotación de 15.000 euros de subvención por vivienda que se mantenga en alquiler social por un plazo de 10 años.

Esta fórmula permitiría garantizar la permanencia de las personas inquilinas afectadas por la finalización de su contrato en las viviendas en las que residen. Por este motivo, el Gobierno Vasco insta a la empresa propietaria de las viviendas de VPO a que se siga explorando esta vía y se acoja a dichas subvenciones. Y pide al Ayuntamiento que también favorezca esta solución aportando también recursos en la medida de sus posibilidades.

Con respecto a las voces que piden que el Gobierno ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre estas viviendas, hay que señalar en primer lugar que esa posibilidad solo puede ejercerse cuando existe una operación de compraventa en marcha, hecho que de momento no se ha producido. Y que lo que se trata de evitar con el ejercicio de dichos derechos de adquisición preferente son los fraudes en las trasmisiones de viviendas protegidas, viviendas que disponen de precios limitados y cuyos adquirentes deben tener necesidad de vivienda, no ser propietarios de ninguna otra y no superar los límites de ingresos marcados. Todos estos extremos son verificados por esta Administración, preceptiva y previamente.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las viviendas que pasan a ser propiedad del Gobierno Vasco se adjudican a través de un proceso de baremación protocolarizado entre los demandantes de vivienda del municipio en el que están radicadas. Por lo tanto, esta vía no garantiza la permanencia de las personas inquilinas actuales.

Por todo ello, seguimos confiando en encontrar una solución razonable a esta cuestión si el resto de las partes implicadas, la empresa y el propio ayuntamiento, mantienen su apuesta de cooperación.

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